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¿En qué consiste el cambio de sede social de las empresas? – SFT Consultores

Desde principios de octubre del año pasado, alrededor de 2.000 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones del país. Esta fecha coincide con el anuncio de intenciones de la Generalitat para declarar la independencia de Cataluña de forma unilateral.

En esta línea, la biotecnológica Oryzon fue la primera cotizada en anunciar su traslado de sede de Cataluña a Madrid. Seguida de ella, la operadora de telecomunicaciones Eurona realizó su marcha y así, una interminable lista de empresas.

Ayudados por el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos, el Gobierno ha llevado a cabo una reforma de la Ley de Sociedades de Capital (art.285). En ella, se permite – salvo que los estatutos expresen lo contrario- que sea el órgano de administración y no la Junta General, el sujeto legitimado para acordar el traslado del domicilio social dentro del territorio nacional.

  • ¿En qué se diferencia la sede social de la sede fiscal?

La Ley de Sociedades de Capital   define la sede social como “el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”.

En cambio, según establece la Agencia Tributaria, entendemos por sede fiscal “el sistema fiscal aplicable; de la oficina tributaria de adscripción del contribuyente; del lugar para la práctica de notificaciones y del lugar físico concreto declarado y vinculante para el obligado tributario a efectos de procedimientos administrativos y del control fiscal”.

El traslado de sede social, no siempre implica necesariamente un cambio en la sede fiscal, ya que ambas no tienen por qué coincidir. No sería así en el caso de una supuesta independencia, donde las empresas deberán cambiar su domicilio fiscal para responder ante la Hacienda de España.

  • ¿Qué impacto económico producirán estos cambios?

El impacto tributario es casi nulo, ya que se trata más bien de garantizar la seguridad jurídica tanto de los clientes de la empresa como la de sus propios trabajadores.

El principal impuesto que soportan estas entidades es el Impuesto sobre Sociedades, de cuya gestión se encarga en exclusiva el Estado. En cuanto al IVA, carece también de importancia ya que las operaciones que  se gravan, son las dadas en ese lugar, por lo que el cambio de domicilio no conllevaría –a no ser que fuese unido a un descenso de la actividad en la región- a una disminución de lo recaudado.

Fuentes: ABC, INEAF.